La seguridad informática evitó que la policía recolectara suficiente evidencia como para enviar a prisión a un hombre australiano que había confesado su crimen.
Rohan James Wyllie, de 39 años, admitió que había instalado cámaras en las paredes que colindaban con sus vecinas para grabarlas y espiarlas sin su consentimiento.
Las vecinas de Wyllie se dieron cuenta de la desagradable situación en la que se encontraban cuando descubrieron huecos en sus paredes que emanaban luces rojas y sonidos extraños, como de aparatos electrónicos.
Cuando la policía respondió a la denuncia y revisó el edificio de Wyllie, descubrió una compleja red de cámaras que el hombre había instalado para espiarlas desde la comodidad de su dormitorio.
Pero las cámaras no estaban encendidas en el momento en que la policía revisó su apartamento. Wyllie admitió que había perforado el techo y paredes de sus vecinas para poder filmarlas, pero aseguró que nunca lo había hecho.
Aunque la policía tuvo en su posesión el ordenador del acusado y encontró carpetas que, a juzgar por los nombres, habrían podido contener las grabaciones de sus vecinas, nunca pudo acceder a los archivos.
Los archivos comprometedores estaban codificados y, aunque lo intentó, la policía no pudo descifrar la clave. El acusado, por supuesto, se negó a revelarla, y ningún juez le ordenó que lo hiciera.
Por ende, los demandantes no contaban con suficiente evidencia para comprobar sino que el hombre había intentado grabar a sus compañeras, y el juez se vio obligado a dejarlo en libertad condicional por dos años. Además, Wyllie había pasado 33 días en prisión mientras se investigaba el caso.
La defensa argumentó que el acusado sufre de esquizofrenia paranoica y que conectó las cámaras porque creía que sus vecinas estaban conspirando en su contra.
Hace algunos años, en un caso similar, un juez estadounidense declaró que no iba a obligar a un hombre acusado de guardar pornografía infantil en su ordenador a revelar su clave porque esto sería una violación a los derechos de la quinta enmienda de la constitución de los EEUU, que otorga a los individuos el derecho de mantener en secreto evidencia comprometedora.
